La Agencia Catalana de Consumo ha abierto 141 expedientes sancionadores a grandes tenedores de viviendas, de los que 57 han sido resoluciones confirmadas, por no ofrecer alquiler social a personas vulnerables que se iban a desahuciar, como contempla la Ley 1/2022 de Cataluña.

Estos datos han sido facilitados este lunes por el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y el director de la Agencia Catalana de Consumo, Francesc Sutrias, en rueda de prensa en Barcelona, donde han presentado un plan para reforzar esta entidad con 19 profesionales más, que tendrá una vigencia de dos años.

Estos 19 profesionales de la Agencia Catalana de Consumo se dedicarán exclusivamente a “reforzar la protección de las familias en riesgo de exclusión residencial”, con más inspecciones.

Sutrias ha estimado que la Agencia podrá abrir, a partir de ahora, un centenar de expedientes cada mes a grandes tenedores de viviendas que no cumplan la obligatoriedad de hacer un alquiler social a familias vulnerables antes de desahuciarlas.

Los 57 expedientes que ya se han resuelto con sanciones han sido por infracción grave y por un importe de 30.000 euros cada uno, aunque la ley contempla que la horquilla de la sanción puede llegar hasta los 100.000 euros como máximo.

El director de la Agencia Catalana de Consumo ha explicado que se ha optado por la sanción más baja, 30.000 euros, con un criterio de “prudencia en su aplicación y seguridad jurídica” si bien “no nos temblará la mano” a la hora de sancionar con más dinero, ha asegurado.

Las citadas 57 sanciones son de grandes tenedores de toda Cataluña, excepto de la ciudad de Barcelona, cuyo ayuntamiento ejerce esta potestad directamente en base a su Carta Municipal, y la población con más sanciones es Terrassa (10), seguida de L’Hospitalet de Llobregat (6), Castelldefels (4) y Badalona (3).

Torrent, por su parte, ha argumentado que “tenemos el marco legal desde el año 2015 (para sancionar) y nuestra determinación es aplicarlo y concienciar a la ciudadanía de sus derechos”.

Para ello, a finales del próximo mes de octubre se iniciará una campaña en televisión, radio, medios digitales, redes sociales y carteles repartidos en toda Cataluña sobre los derechos de los ciudadanos en este tema.

La Ley 1/2022 del Parlament de Cataluña, que amplía la 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, obliga a los grandes tenedores de viviendas como bancos y fondos de inversión a ofrecer un alquiler social a aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad antes de desahuciarlas.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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