¿Cuándo se pierde el juicio?
Yo pregunto: ¿Cuándo se pierde, cuándo?
Si no es ahora, que la justicia
vale menos que el orín de los perros.

León Felipe

Algo falla cuando el sistema penal envía a prisión a personas con trastornos mentales graves, que deberían ser inimputables por su situación médica. Algo falla, también, cuando la población reclusa sana termina sufriendo problemas psicológicos severos que les llevan a la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia. Algo falla, sobre todo, cuando la sociedad mira para otro lado mientras en las cárceles los reos se suicidan.

El problema es complejo, pero para empezar a ponerle remedio, la asociación Justicia i Pau se ha sumergido en las prisiones catalanas para averiguar cuál es la realidad de las mismas. Y el resultado es bastante desolador. La entidad cristiana ha detectado que más de la mitad de las personas encarceladas sufren algún tipo de trastorno mental diagnosticado, es decir, siete veces más que la población general. De hecho, el voluntariado de Justicia i Pau constata que toda la población reclusa de Catalunya sufre algún tipo de trastorno de salud mental y que el 84% toma medicación pese a no tener un diagnóstico médico.

El problema de raíz subyace en el propio ordenamiento jurídico y en la aplicación del mismo. Como explica la entidad en su informe La salut mental en el sistema penitenciari català. Visió de conjunt i reptes, es muy complicado «definir legalmente con precisión y comprobar empíricamente (y probar judicialmente) las patologías mentales que tendrían que llevar a exonerar de responsabilidad a quien comete un hecho delictivo. Todavía más difícil es delimitar en qué casos estos trastornos tienen que llevar a una exoneración completa o solo parcial, y en qué grado».

Además, con una justicia completamente saturada y unos jueces presionados para cerrar los casos a la mayor brevedad posible, a la persona objeto de juicio, que sufre un trastorno mental, se le niega un examen exhaustivo que determine correctamente su situación mental. Todo ello hace que las prisiones se hayan convertido en una especie de unidades psiquiátricas clandestinas con una atención precaria. Y en todos los casos la situación es infinitamente peor para las mujeres.

Otro factor que agrava la situación de los presos es que su cuidado corre a cargo de funcionarios de prisiones sin capacidad médica. Si bien es cierto que en las prisiones disponen de consultorios (y que en algunos casos se derivan a los reclusos a hospitales), las primeras personas que evalúan el estado de un reo son los funcionarios, unos trabajadores que no dejan de ser simples vigilantes.

Toda esta situación empeora en las personas con penas de larga duración, que en realidad, según Justicia i Pau, «no sirven para nada» porque son «deshumanizadoras». Así, no es de extrañar que la tasa de suicidios en las prisiones catalanas se haya quintuplicado en los últimos diez años. Sin ir más lejos, en 2021 se suicidaron once internos.

Parte de la solución inmediata para la entidad supondría la excarcelación de la población reclusa con trastornos mentales para que pudieran recibir una atención adecuada que mejore sus condiciones de vida. Es la simple aplicación de los derechos humanos en nuestra casa.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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