Varios sindicatos de vivienda, plataformas de afectados por la hipoteca, redes vecinales y otros colectivos se han manifestado en Barcelona para reclamar el archivo de todas las causas judiciales contra activistas y entidades. Bajo el lema ‘Nos quieren de rodillas, nos encontrarán de pie’, cientos de personas han denunciado que sufren una represión feroz por parte de la Generalitat y el estado español.

Según los colectivos, en los últimos cuatro años en Cataluña se han producido unas cincuenta detenciones en movilizaciones por el derecho de vivienda, que han derivado en noventa personas encausadas con penas de hasta seis años de cárcel y multas que suman 300.000 euros.

El movimiento por la vivienda lamenta que en los últimos años ha habido una escalada represiva en contra de ese movimiento y creen que sólo busca atemorizar, desmovilizar, desorganizar y debilitar el movimiento y su capacidad de “generar conflicto y mostrar las contradicciones de unas administraciones cómplices y serviles con los poderosos”.

Recuerdan que entre finales del 2022 y principios del 2023 ha habido algunos casos en contra del movimiento como el del Bloc Llavors del Poble Sec –un edificio que fue ocupado en el 2017 por seis familias vulnerables–, las 9 deLes Cassoles o el movimiento Olzinelles Absolució en Sants. Aseguran que existen un total de 28 casos contabilizados en los últimos 4 años en toda Cataluña.

En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el miembro de la comisión jurídica del movimiento por vivienda, Max Carbonell, ha reclamado “que se detenga la represión, se archiven las causas, se retiren las multas y se absuelva a los acusados”. Según ha relatado, han contado «casi noventa personas encausadas» por defender el derecho a la vivienda, participando por ejemplo en lanzamientos, y ha lamentado que los Mossos d’Esquadra están presentes en «uno de cada dos desahucios». «La represión viene tanto de las herramientas autonómicas como estatales», ha resumido.

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