El Ayuntamiento de Barcelona aloja en hostales cada mes a una media de 2.331 personas que no tienen hogar. Una cifra que no ha parado de crecer desde el 2018, cuando eran 1.047 personas al mes.

Y es que el Ayuntamiento invierte más de 60.000 euros al día y, al mismo tiempo, reconoce que no es, ni mucho menos, un alojamiento adecuado. Por eso, desde el consistorio exigen a la Generalitat y al Estado español que actúen de urgencia para evitar desahucios y que no se cronifique el uso de pensiones como alternativa habitacional.

A la Generalitat le pide que pague la deuda del funcionamiento del Consorcio de Vivienda de Barcelona, ​​que aporte los pisos que le corresponden a la Mesa de Emergencia, ayudas al alquiler y que incremente el presupuesto para la compra y construcción de vivienda en Barcelona, ​​entre otras medidas. Al Estado le reclama que regule los precios del alquiler, que obligue a los grandes tenedores a realizar una oferta de alquiler a familias vulnerables y que detenga los desahucios de las personas sin alternativa.

En este sentido, el consistorio subraya que entre 2016 y 2021 ha destinado más de 46 millones de euros y ha otorgado más de 15.000 ayudas al pago del alquiler del parque privado de vivienda, lo que supone unos 8 millones por año, mucho menos de lo que se gasta anualmente el Ayuntamiento en pensiones cuando ya se ha producido el desahucio.

Por su parte, la teniente de Derechos Sociales, Laura Pérez, ha remarcado que la reubicación en pensiones es un recurso pensado para una emergencia durante dos o tres días, pero la situación se alarga por la «falta de política de vivienda» de la administración competente.

El consistorio está licitando el nuevo contrato de alojamientos temporales, con mayor acompañamiento social y control y un gasto anual de 20,5 millones de euros, pero insiste en que la clave es la prevención. Remarca que dar ayudas al alquiler aparece más a cuenta que el coste anual de este contrato.

El nuevo contrato tendrá una duración prevista de dos años con dos años de eventuales prórrogas. Pérez ha remarcado la necesidad de prevenir este tipo de situaciones para evitar que las familias se queden semanas en pensiones porque no existe una buena política de vivienda por parte de la Generalitat, ha dicho. Desde el Ayuntamiento se han impulsado los alojamientos de proximidad provisionales, los llamados APROP, para dar salida a esta situación.

Según datos facilitados por el Ayuntamiento, entre los años 2008 y 2019 se registraron en el Estado 684.385 desahucios, lo que afectó a 1,7 millones de personas. En Cataluña, en el mismo período, se produjeron 130.002 desahucios. Desde el año 2013 se han producido cerca de 13.000 anuales. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2021 se produjeron 1.755 órdenes de lanzamiento dictadas en Barcelona, ciudad (80% por impago del alquiler, 9.398 en Cataluña y 41.359 en el Estado). El descenso de estas órdenes dictadas ha sido progresivo, con la anomalía del año 2020 fruto de la Covid-19.

Sin embargo, el incremento de personas alojadas en recursos de emergencias no ha parado de crecer. La media mensual de personas en pensiones era de 1.047 en 2018; 1.179 en 2019; 1.706 en 2020; 1.899 en 2021, y 2.331 este año.

Al margen de la situación de la vivienda para personas con rentas bajas, se añaden otras realidades también se están atendiendo desde el Ayuntamiento, tales como personas solicitantes de asilo y refugio, personas migradas, personas sin hogar y mujeres víctimas de violencia machista.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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