Varias dotaciones de antidisturbios de la Guardia Urbana han aplazado el vermut de los domingos en la Barceloneta para desalojar esta mañana un edificio de Les Corts, ocupado por cuatro familias con menores a cargo en situación de extrema vulnerabilidad. En total, han sacado por la fuerza a 26 personas del inmueble, ubicado en la calle Montnegre 44-46 del citado barrio de Barcelona.

Algunos de los moradores han podido sacar sus pertenencias, pero otros han preferido atrincherarse antes que ceder a la coacción policial instigada por el Ayuntamiento. No ha sido hasta que la Urbana ha usado la fuerza para derribar puertas y ventanas, que los cipayos municipales han logrado sacar en voladas a las personas que aún resistían dentro. Hasta el diputado de la CUP, Carles Riera, presente en el desalojo, se ha llevado algún tortazo de la masa policial.

Fuentes del consistorio barcelonés, citadas por la televisión municipal betevé, han asegurado que «el inmueble fue ocupado hace menos de 24 horas y que cuando se efectuó el desalojo no había ningún menor dentro». No obstante, el Grup d’Habitatge de Les Corts asegura lo contrario: la ocupación se llevó a cabo hace una semana para evitar el derribo de la finca, que consideran que tiene un gran valor patrimonial e histórico, y para alojar a personas vulnerables sin vivienda.

Según la asociación vecinal, se trata de cuatro familias con siete menores a cargo. Y es que desde la entidad denuncian la ausencia de trabajadores de los servicios sociales para dar una solución habitacional a las familias. El Ayuntamiento, en cambio, asegura que han ofrecido una alternativa a las cuatro familias, pero que tres han rechazado el servicio, y que con la cuarta familia se está gestionando.

El Grup d’Habitatge de Les Corts ha hecho un llamamiento a través de las redes para pedir el apoyo de la ciudadanía y tratar de detener el desalojo. Como decíamos, vecinos, activistas y miembros de la CUP han acudido al sitio. La formación anticapitalista ha criticado que el desalojo lo han realizado agentes antidisturbios de la Guardia Urbana «que BComú dice haber disuelto».

El edificio es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, quien desea derribarlo lo antes posible atendiendo el oscuro macroproyecto urbanístico de la Colònia Castells. En este sentido, la plataforma Salvem el Camp de la Creu lucha desde hace meses para que la transformación del barrio no haga desaparecer la memoria obrera de la zona.

Redacción en Revista Rambla | Web | Otros artículos del autor

Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

Comparte: