La Comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras, Movilidad y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una propuesta presentada por Trias por Barcelona para modificar la norma que obliga a reservar un 30% de las nuevas construcciones a vivienda protegida. La propuesta, aprobada con los votos del PSC y del PP, denuncia la incidencia «nula» de la reserva en la generación de vivienda protegida y la parálisis «grave» del sector inmobiliario «que ha provocado». En lugar del 30% actual la iniciativa propone flexibilizar la norma según el porcentaje del distrito, la localización de la promoción de vivienda protegida y la densidad máxima de viviendas. Al mismo tiempo permite la posibilidad de monetizar la reserva.
La proposición también pone en marcha la elaboración del Pacto de Ciudad por la Vivienda, que prevé priorizar el aumento del parque de vivienda protegida de alquiler. Trias per Barcelona propone que el pacto tenga «dimensión público-privada» y «dé respuesta a las carencias sociales del mercado de la vivienda en la ciudad».
Al mismo tiempo, la propuesta pide iniciar un inventario de los solares de equipamientos públicos y privados para estudiar la posibilidad de dedicarlos a la promoción de viviendas dotacionales o a alojamientos con espacios compartidos.
El Sindicato de Inquilinos ha denunciado «una nueva maniobra» contra el derecho a la vivienda por parte de los ‘lobbies’ «y de sus representantes en el pleno del Ayuntamiento, Collboni y Trias». La entidad interpreta que la modificación aprobada comportará una reducción de los porcentajes de aportación a vivienda protegida y el traslado de las promociones a localizaciones menos céntricas.
Al mismo tiempo, el sindicato ha criticado que Junts per Barcelona defienda acordar la modificación con la Asociación de Promotores, la Cámara de la Propiedad, el Colegio de Arquitectos y otros agentes, «olvidando casualmente a las entidades y movimientos sociales que vamos a impulsar la medida, consiguiendo su aprobación en 2018».
