El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este lunes que ampliará a casi el triple su unidad antidesahucios, un servicio que, desde 2016, ha acompañado a más de 13.000 familias vulnerables (con unos 10.000 menores) y ha paralizado el 90% de los desalojos en los que han mediado -un 75% antes del día programado para el lanzamiento-.

Así lo han anunciado en rueda de prensa la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laura Pérez, y la concejal de Vivienda, Lucia Martín, quien ha pedido más implicación a la Generalitat en la financiación de estos recursos y en la gestión de los desahucios.

«En la ciudad tenemos la responsabilidad compartida en materia de vivienda porque la Generalitat forma parte del Consorci d’Habitatge, es responsable en un 60%, y, actualmente, su participación en la financiación de este refuerzo en la unidad de antidesahucios es absolutamente nula», ha dicho Martín.

Además de esta unidad, la concejal ha remarcado la necesidad de obtener recursos para «construir viviendas de alquiler en las que realojar a las familias cuyo desahucio no podemos evitar o reforzar programas de compra para disponer de viviendas de forma más rápida que mediante la construcción», pero ha insistido en que el Govern está «prácticamente desaparecido».

De hecho, ha criticado que la Generalitat no solo no está contribuyendo a la financiación ni solucionando su «deuda acumulada desde 2015 con la Mesa de Emergencia que supera las 1.000 viviendas», sino que encima envía «dispositivos absolutamente desproporcionados de Mossos d’Esquadra en desahucios de familias vulnerables que están viviendo en pisos de fondos de inversión».

En este sentido, también ha criticado la aplicación de la Ley Mordaza para multar a varios activistas y vecinos que «ponen el cuerpo para defender la vivienda», y ha celebrado el anuncio de la Generalitat de dejar de aplicar esta ley si el manifestante es «pacífico».

De 16 a 43 profesionales y de 700.000 euros a 2,5 millones

En concreto, la unidad antidesahucios de Barcelona contará con 43 efectivos, frente a los 16 que tenía hasta ahora, para llevar a cabo las tareas de mediación e intervención preventivas e intentar paralizar el desalojo antes de que llegue el día programado para su ejecución.

La intervención de estos profesionales consiste en solicitar la suspensión del desahucio al juzgado, activar ayudas para complementar el pago del alquiler, asumir el pago de una deuda o llegar a un acuerdo entre las partes para paralizar el lanzamiento mientras se busca otra solución, entre otras cosas.

Pérez ha explicado que este recurso tiene «una mirada preventiva» con el objetivo de mediar «entre la propiedad y las personas amenazadas por un desahucio para intentar evitar que pasen por un hecho traumático». Para ello, el presupuesto destinado a esta unidad pasa de 700.000 euros anuales a 2,5 millones, un importe que asumirá el consistorio en solitario.

«La lucha por la vivienda digna es una de las prioridades de este Ayuntamiento y los desahucios son la cara más brutal de la emergencia habitacional que sufren las grandes ciudades, entre las que está Barcelona, pero que es un fenómeno generalizado», ha apuntado la teniente de alcaldía de Derechos Sociales.

Sin embargo, ha remarcado que «el objetivo final es acabar con los desahucios de familias vulnerables y esto es algo que no puede hacer un Ayuntamiento solo, ni tampoco los movimientos sociales, sino que necesitamos un compromiso firme con recursos de todas las administraciones».

En este sentido, ha señalado también que «en materia de vivienda es donde vemos el abandono más flagrante de la Generalitat». «Necesitamos una legislación que ponga el derecho a la vivienda por encima de los intereses especulativos y necesitamos una inversión decidida en vivienda pública», ha concluido Pérez.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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