El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de declarar firme la sentencia que obliga a las escuelas catalanas a impartir el 25% de las clases en castellano, y de dar al Govern dos meses para aplicar la resolución, es «una especie de 155 educativo», en referencia al artículo 155 la Constitución.

En declaraciones a los periodistas en Vic (Barcelona), ha lamentado que este comunicado del TSJC sea «un intento de romper» el consenso que establece el modelo de inmersión lingüística, según él. «Es un modelo que no ha sido cuestionado académicamente, y vemos que ahora se cuestiona desde otras instancias, entrando con una ingerencia clara en el ámbito pedagógico», ha criticado.

Ante esta situación, ha avisado de que la Generalitat utilizará «todos los instrumentos» políticos, jurídicos y administrativos disponibles, defendiendo el buen trabajo de los docentes y confiando en ellos para proteger el modelo actual.

«Los docentes de Cataluña tienen que saber que tienen al Govern a su lado», añadiendo que el Govern asumirá la responsabilidad de actuar para defender la inmersión lingüística en una situación que considera complicada por la oposición de algunas instituciones del Estado.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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