El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ratificó la anulación de la multa de 500.000 euros a Gas Natural (ahora Naturgy) por el caso de Rosa Pitarch, una mujer de 81 años que murió en noviembre del 2016 por un incendio en su casa de Reus. Una vela con la que iluminaba la casa causó el fuego. Hacía semanas que la víctima no tenía luz porque Gas Natural le había cortado el suministro por impagos de facturas de un valor de 246 euros.

En 2017, el Departamento de Empresa de la Generalitat, a través de la Agencia Catalana de Consumo, impuso la multa a la suministradora por incumplir la ley de pobreza energética, al considerar que no tuvo en cuenta las condiciones económicas de la mujer ni tampoco pidió un informe de vulnerabilidad a los servicios sociales.

Gas Natural se opuso a la sanción y la impugnó. En una sentencia de 2020, el TSJC ya decidió anular la multa, porque, a su juicio, cuando murió Rosa Pitarch, la ley de pobreza energética todavía no estaba desarrollada ni era suficientemente concreta para aplicar la sanción. Sin embargo, la Generalitat recorrió en contra.

Las perspectivas iniciales sobre la sanción del Departament d’Empresa habían hecho que otros órganos que tomaron cartas en el asunto se apartasen del caso al comprobar que la Administración ya estaba actuando.

El Defensor del Pueblo, que había iniciado una actuación de oficio en 2016, la cerró en 2017 «al haber constatado que la administración impuso una sanción a la empresa». En su informe de aquel año, reflejó que el caso de Rosa «puso de manifiesto las carencias de un sistema que no estaba concebido para proteger los derechos de las personas, y la necesidad de mejorarlo».

El Síndic de Greuges de Catalunya, por su parte, también abrió una actuación de oficio y la cerró a principios de 2018 tras formular algunas recomendaciones a la Generalitat.

Ahora, cinco años después de la muerte de Pitarch, el TSJC ratifica su decisión y le da finalmente la razón a Gas Natural.

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