La Oficina Antifraude de Cataluña ha cuestionado el contrato de emergencia que hizo la Generalitat a una empresa para el suministro de material sanitario durante el primer Estado de alarma por la pandemia del coronavirus, por un importe de algo más de 60 millones de euros.

Antifraude considera que la empresa Basic Devices, que recibió este encargo de emergencia de material sanitario por parte de la Generalitat en marzo de 2020, tenía unas referencias «débiles», además de que el anticipo que la firma recibió de unos 35 millones de euros fue una «temeridad» por la «falta de cobertura legal», por lo que ha pedido información al Govern sobre esta contratación.

La Oficina Antifraude de Cataluña ha emitido un informe que recoge sus conclusiones sobre la investigación realizada, a iniciativa propia, respecto de la contratación de la Generalitat a esta empresa, informe que ya remitió al Govern el pasado 9 de febrero, y da treinta días a la consellería de Economía y al Instituto Catalán de la Salud (ICS) para que informen sobre las medidas adoptadas en relación con las presuntas «irregularidades» que aprecia.

El 19 de marzo de 2020, el ICS contrató por emergencia a la empresa Basic Devices S.L, que se presentaba como intermediaria del mercado chino, para el aprovisonamiento de material sanitario por un importe de 60.580.162,50 euros, lo que incluía mascarillas quirúrgicas y FFP2, vestidos de riesgo biológico, respiradores y equipos VMNI de alta velocidad.

Un día después, el 20 de marzo de 2020, en pleno primer Estado de alarma por la pandemia del coronavirus, el departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda hizo efectivo un abono anticipado de 35.000.000,20 euros a la citada empresa.

En su informe, la Oficina Antifraude de Cataluña señala la «falta de información relativa al origen y los contactos preliminares» al encargo de emergencia que hizo la Generalitat a la empresa Basic Devices en marzo de 2020.

En este sentido, Antifraude dice que no consta en el Registro Público de la Generalitat ningún contrato adjudicado a esta empresa con anterioridad a ese encargo de emergencia, que ha sido objeto de investigación por parte de este organismo, ni que tuviera ningún trabajador a su cargo.

Por ello, concluye que las consultas preliminares al encargo de emergencia «no han sido ni esclarecedoras ni transparentes».

«Estas carencias informativas iniciales desactivaron cualquier mecanismo de prevención, detención y solución de conflictos de interés o de lucha contra la corrupción», subraya Antifraude.

Abono anticipado de 35 millones de euros

Apunta, además, que el abono anticipado de 35 millones de euros que recibió la empresa se hizo sin «cobertura» ni «amparo legal», lo que para Antifraude ha supuesto una «temeridad». En el pedido inicial figuraban dos millones de mascarillas quirúrgicas, otros dos millones FFP2, dos millones de trajes de protección, 50 respiradores pediátricos y de adultos y 50 equipos de ventilación mecánica no invasiva.

La Oficina Antifraude recuerda así que el real decreto de 12 marzo de 2020, por el cual se adoptan medidas urgentes para hacer frente a la covid, no habilitó la posibilidad de hacer anticipos en el marco de la tramitación de emergencia.

«Todo y las condiciones extremas en las que se llevó a cabo el encargo de emergencia y la orden de pago anticipado, este último ha de ser calificado por esta Oficina Antifraude como un acto de temeridad, que supuso tener que asumir un riesgo no controlado», subraya este organismo.

Antifraude concluye en su informe que la cantidad que se adelantó a Basic Devices fue «muy elevada» y que, además, las referencias de esta empresa «eran débiles», todo ello en el marco de un mercado «de máxima desconfianza y tensión».

Una vez que Antifraude reciba la respuesta del departamento de Economía y del ICS, decidirá si concluye su actuación de investigación o si requiere más aclaraciones.

Redacción en Revista Rambla | Web | Otros artículos del autor

Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

Comparte: