ANA MARÍA MÉNDEZ: ‘Parecen cerditos en un charco, disfrutan con la documentación’

alt‘¿Qué te ha pasado qué? No, no puede ser, Ana’Eso le decían a Ana María Méndez sus clientes a finales del año 2003 al descubrir que la SGAE le reclamaba, a esta copropietaria de la tienda de informática Traxtore de Barcelona, 48.000 euros en base a la remuneración compensatoria por copia privada. Siete años después y tras luchar en los tribunales contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),

 

 

Texto: Estefania Pérez Fotos: Francesc Sans

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‘¿Qué te ha pasado qué? No, no puede ser, Ana’Eso le decían a Ana María Méndez sus clientes a finales del año 2003 al descubrir que la SGAE le reclamaba, a esta copropietaria de la tienda de informática Traxtore de Barcelona, 48.000 euros en base a la remuneración compensatoria por copia privada. Siete años después y tras luchar en los tribunales contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),Ana María ha recibido con entusiasmo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le da la razón. El Tribunal se ha pronunciado hace unos días contra el canon digital español por considerar que no se ajusta a la legislación europea y que se aplica de ‘forma indiscriminada’ sin distinguir entre empresas, profesionales y particulares.

 

Ana María, ¿cómo comienza vuestra batalla contra la SGAE?

Todo comienza a finales de 2003 cuando recibimos una carta de las entidades de gestión que dicen que quieren hacer una comprobación sobre el tema de la remuneración compensatoria. En aquella época consultamos a nuestra gestora y esta, a su vez, a un abogado. Y bueno, lo que pone el texto de la ley es que estas entidades de gestión están legitimadas por el gobierno para hacer estas comprobaciones a empresas con lo cual nos dijeron: ‘tienes que dejarte’.

 

Vinieron e hicieron una comprobación de toda la documentación contable del año 2002 al 2003. ‘Sí, sí, lo tienes todo muy bien’, me dijeron. Tras comprobarlo todo, se fueron y al cabo de 15 días recibimos una carta diciéndonos que ingresásemos 48.000 euros en una cuenta corriente, ¡y que teníamos 15 días para hacerlo!

 

¿Qué haces cuando te llega esa carta reclamándote semejante cantidad de dinero? Pensarías que era un error.

Primero me llamó mi madre, porque antes teníamos dos tiendas: ‘Ana, ¡ven a ver esto!’ Cuando lo vi llamé corriendo a la recaudadora de la SGAE, María Jesús Raudona. ‘Mire es que se han equivocado, esto no puede ser’, le digo. A lo que ella me contestó: ‘No, todo está bien. Esto es lo que hay’.

 

Pero, esos 48.000 euros que os los reclamaban en concepto de canon, ¿a qué se correspondían exactamente? ¿De dónde salían esas cifras?

Me dijeron: ‘Esta es la corroboración compensatoria’. Y de ahí no salía, y tampoco había ningún documento anexo. Yo no sabía exactamente si eran CD’s o DVD’s, ni qué cantidad por cada cosa… Nada de nada. Ellos lo único que nos remitieron fue un Excel diciendo lo que debíamos en concepto de audio y concepto de video repartido entre las diferentes entidades. Total: 48.000 euros.

 

¿Qué diferentes entidades?

El canon compensatorio va destinado a diferentes entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual: la SGAE, AGEDI, AIE, CEDRO…

 

Pero esta compensación o canon no es nada nuevo, ya se aplicaba en el material analógico.

El tema de la compensación esta es un derecho adquirido desde hace ya bastante tiempo. En el material analógico (lo que son las cintas magnetofónicas, la línea marrón del hogar como las televisiones o las mini cadenas de antes) esta compensación ya existía y llegaba a las entidades de gestión desde el propio fabricante o importador. Porque era un coste realmente compensatorio y equitativo, que es lo que la palabra dice. El problema vino cuando las entidades de gestión, en un momento dado, empiezan a cambiar su forma de pensar, hay una importante remodelación o les pasa algo y dicen: ‘ya no se están vendiendo cintas magnetofónicas, ahora ya todo el mundo está utilizando el soporte digital’. Entonces pensaron: ‘aquí también tenemos que cobrar porque la gente también graba aquí’. Entonces se van a los fabricantes a pedirles esa compensación. Pero no se basan en las mismas cifras que cobraban o percibían en lo analógico, sino que van al fabricante y le piden que por cada DVD les dé 60 céntimos.

 

¡¿60 céntimos?! Pero si un DVD, en tienda, cuesta menos de un euro.

Por eso ningún fabricante asumió pagar una tasa que superaba en 100 o 200 veces el coste de fabricación del producto. Los fabricantes se cerraron en banda y las entidades de gestión se dan cuenta que una batalla legal contra los fabricantes supone un largo camino; además de suponerles ‘cero’ ingresos. Entonces, como la legislación establece que esta compensación se va trasladando en la cadena solidaria, a quién le fueron a exigir esto: a los más débiles de la cadena, los comerciantes. Y por eso decidieron venir a nosotros.

 

¿Y lo hicieron sin previo aviso?

Te explico. Cuando vieron lo que sucedía con los fabricantes hicieron una primera prueba piloto con uno de ellos: Traxdata. Fabricante español de CD’s desaparecido gracias a esta gente. Se van contra Traxdata y lo llevan a pleito, un pleito que dura desde el 92 al 96, y aquí en Barcelona la jueza dictamina que es verdad que existe este derecho de compensación y que ahora no se está utilizando la cinta magnetofónica sino el soporte digital y condenan a Traxdata. Esto le supone el cierre a Traxdata en el 96. Entonces, con esto hecho la tarea era regular la ley, que hubiese una fecha de inicio de obligación. Como no tuvieron paciencia las entidades de gestión a hacer las cosas como están establecidas, lo que hicieron fue firmar un acuerdo privado: entidades de gestión por un lado y Asimelec por el otro. Asimelec se erigió en todo esto como la patronal del sistema informático, pero en realidad era la asociación de marcas, importadores y mayoristas. En esa mesa de negociación lo que expone la SGAE es: ‘hemos ido contra Traxdata y ha pasado esto. Podemos hacer esto contra cada uno de vosotros o ahora mismo firmamos aquí un acuerdo para comenzar a cobrar el canon’. Esto sucede en el 2003. Cuando se levantan de esa mesa, los mayoristas ya han salvado su trasero pero ellos no comienzan a aplicar ningún canon.

 

Entonces tú, como comerciante, ¿tampoco aplicabas ningún canon en aquel momento?

Yo no podía cobrar ningún canon porque no había nada publicado en el BOE, no había nada publicado en la ley y a mí mi proveedor tampoco me lo estaba exigiendo, ni cobrando. Yo sólo podía inventármelo y exponerme a que me partiesen la cara.

 

¿En ningún momento se os comunicó a los empresarios o comerciantes nada de lo que se había decidido en ese acuerdo?

Este acuerdo con Asimelec no se anunció, ni se envió… yo esta información la he ido encontrando buscando documentación para el juicio. Los mayoristas que firmaron este acuerdo no la seguían porque se tenía que regular. Entonces nosotros continuamos con nuestra actividad normal. Se empezó a oír lo del canon digital y pensamos: ‘ya saldrá publicado en algún sitio y ya veremos cómo se establecerá, habrá una fecha de inicio’. Realmente aparece la directiva, esta directiva europea la tenía que haber incorporado España a su legislación cuando salió en el final de 2003 comienzos de 2004. España no incorpora la directiva a la legislación, le viene un toque de atención de parte de Europa; la aplica con retardo, en el 2005. Y aquí se empiezan a ordenar las cosas. En el 2005 incorpora la directiva a la legislación y entonces es cuando el gobierno dice que, como medida transitoria, se toman las tarifas que había pactado Asimelec con las entidades de gestión hasta que se regulen las tarifas digitales que finalmente se pactaron en 2006 con orden ministerial. Ahí empieza el auténtico primer anuncio de que existen unas tarifas que transitoriamente se van a aplicar hasta que el gobierno acabe de absorber la directiva y geste sus tarifas finales, que son las de la orden ministerial de 2006. Entonces sí que en el BOE salieron unas tarifas publicadas y sí que tuvimos conocimiento del canon. Anteriormente no.

 

Pero antes de que todo se hubiese ‘regularizado’ las entidades de gestión ya te habían enviado la carta en la que te reclamaban esos 48.000 euros.

Después de firmar el acuerdo, en julio de 2003, al mes siguiente ya nos estaban enviando cartas sin que se publicara nada.

 

altSólo una vez metida en juicio fue cuando descubriste por qué te reclamaban tanto dinero. Porque, hasta entonces, las cuentas imagino que no te saldrían.

Yo supe de donde salían esos 48.000 euros una vez metida en juicios. En el primer juicio sale esto del acuerdo de Asimelec, yo comencé a leer de los 60 céntimos (que era lo que se supone que se cobrar de canon por un DVD)… pero aún así a mi no me daban las cuentas. Me salía a mí mucho DVD contado. Y en pleno juicio le preguntamos a la recaudadora de la SGAE que explicara cuanto nos estaban cobrando por cada DVD y ella nos dijo que nos reclamaban por cada uno 1,20 euros más IVA.

 

¿Y por qué estipulaban, pese a lo detallado en el acuerdo, que los DVD’s debían estar gravados con un canon de 1,20 euros?

María Jesús Raudona, la recaudadora de la SGAE, nos contestó: ‘cada hora de vídeo se cotiza a 30 céntimos (que era lo analógico, pasado a lo digital). Por tanto, un DVD de 4,7 Gb son dos horas, por lo que son 60 céntimos (que era lo que pusieron en el acuerdo). Pero claro, es que hay gente capaz de grabar hasta 6 horas de vídeo utilizando formatos de compresión, entonces nosotros no vamos a cobrar ni dos horas, ni las 6. Nos quedamos en cuatro, por tanto 1,20 euros’. Cuando escuchábamos estas cosas en el juicio yo me iba alegrando. Pensábamos, es que al juez le va a sonar como a mí.

 

Pero no fue así, el primer asalto lo perdisteis.  

El juez nos condenó íntegramente a todo.

 

Pero no era la primera vez que acudíais a los tribunales.

Nos pusieron la primera demanda, con orden de embargo, en 2006. Lo que hicimos fue recopilar cartas y escritos de nuestros clientes. Clientes como el parque de atracciones Tibidabo, Transportes Magal, la clínica Delfos, Teknon… Se fueron recopilando las facturas y testimoniando. Aportamos todo esto y se fijó fecha de vista y la SGAE no se presentó. Entonces, cuando estábamos celebrándolo, nos llegó la segunda demanda. Cambiaron un par de conceptos que los pudieron cambiar gracias a la incorporación de la orden ministerial. Otra vez nos demandaron por lo mismo, de esta segunda vez es cuando se celebraron los diferentes juicios. Es cuando yo me voy enterando de lo del euro veinte y demás y finalmente el juez de la mercantil nos condena. Pero la suerte fue que, pese habernos condenado a todo íntegramente, incluyó un párrafo al final que decía que no se había leído nuestra defensa porque eran 150 folios de farragosa lectura, los cuales rechazaba en su totalidad.

 

Gracias a ese último párrafo pudisteis recurrir a la Audiencia Provincial.

Sí. Fue entonces cuando fuimos a la Audiencia Provincial a decirle que nos había condenado íntegramente un juez que aseguraba que ni siquiera se había leído nuestra defensa. Entonces la Audiencia leyó nuestra defensa, se les presentaron dudas razonables y fue la propia Audiencia la que nos pegó el salto al Tribunal de Luxemburgo. No fuimos nosotros quemando instancias. Y esta sentencia de hace algunos días es para ayudar a la Audiencia a dictaminar qué hacer con nosotros.

 

Qué pensáis hacer ahora, ¿pensáis reclamar daños?

No hemos pensado nada. Lo que nos está ocupando la mente ahora son las declaraciones que está haciendo la ministra diciendo que hay que ‘perfilar’ la normativa. ¡Cómo si fuese una cosa de dos detalles! Tras tanto tiempo en juicios e informándonos, tenemos tanta información que cuando escuchamos a esta señora hablar de que es una cuestión de dos ‘detallitos’ nos indigna. ‘Si hay que crear excepciones pues las creamos’, ha dicho. ¿Cómo que las creamos? Aquí hay algo mucho más profundo. Tenemos que volver al 2006, que es cuando se gestaron las tarifas que ahora mismo se están aplicando. Y que la gente sepa que esas tarifas se gestaron en una mesa en donde el Ministerio de Cultura invitó a Industria y a las entidades de gestión. No había nadie más, ni consumidores, ni usuarios, ni empresarios. Y las entidades de gestión dijeron: ‘queremos 100 millones de euros al año, sí o sí’. Pero estos 100 millones al año no están soportados, ni existe documento, peritaje o informe que diga de dónde sale. Por otro lado Industria dijo: ‘si tu quieres 100 millones yo te voy a decir cuál es la previsión de ventas anual del sector. Si vamos a vender tantos millones de este artículo, tantos miles de este otro… vamos a ir sacando para llegar a conseguir esos 100 millones’. Esa fue la negociación. La propia orden pone: si recaudamos 1 euro de menos las tarifas se revisarán al alza; si la recaudación es de hasta 7 millones más, santa Rita Rita.

 

Lo que nos comentas es realmente grave, ¿tienes constancia de esto que dices?

Nosotros vimos el borrador de la orden, y el ministerio de industria cifraba la cantidad de discos duros externos que se iban a vender. Entonces la SGAE dijo: ‘vale, como se van a vender X unidades, les va a tocar 12 euros a cada uno para conseguir esos 100 millones de euros’. Pero cuando finalmente sale publicada la orden ministerial no sólo están afectados los discos duros externos, sino que están afectados todos los discos duros (excluidos los que ya están integrados dentro de un equipo). Esa X de ventas entonces se multiplica por 10. Por qué siguen pidiendo 12 euros. Así no tendrán un resultado de 100.000 millones de euros, sino de 150.000.

 

¿Cómo es que finalmente os querían cobrar 16.000 euros? ¿Vuestra ‘deuda’ no ascendía hasta los 48.000?

La recaudadora, cuando veía que yo no podía pagar, me hacía rebajas de 10.000 y 12.000 euros. Siempre era: ‘o pagas o te demandaremos’. Cuando yo la llamo desesperada diciéndole que nos es imposible aunque nos suicidemos todos de modo colectivo, María Jesús Raudona me dice: ‘mira Ana, como te veo tan agobiada, te quito 12.000 euros. ¿Cómo lo ves?’. ¡Cómo que cómo lo veo! Si hemos hecho algo mal, si hemos incumplido algo como comerciantes y debemos algo lo debemos, y ya veremos cómo se afronta. Pero es que no hemos hecho nada mal. Y cómo puede ser que una entidad privada entre por la puerta y diga que debo 40.000 euros, me demanda y ahora me dice que, venga va, 30.000. En ese momento decidimos ir a juicio.  

 

Pero con esto consiguieron que, en muchos casos, la gente pactase. Lo mío era pequeño, hay tiendas a las que reclamaban 100.000 euros, 150.000 euros y si conseguían pactar por 30.000 o por 50.000 euros pues pagaban. El tema es que había presión y había amenazas. Cuando pactabas con alguna entidad, y esto hemos tenido algunos casos en la asociación que creamos a raíz de todo esto (APEMIT, Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías), como por ejemplo EGEDA, después de muchos tiras y aflojas de una demanda de 95.000 euros la rebajaba a 40.000 a cómodos plazos. Se aceptaba. Llegaba el día de firmar el compromiso de esto y la entidad de gestión en cuestión se presentaba no con un contrato, sino con dos. Uno de los contratos era por 20.000 en concepto de canon, y se comprometían durante ese período no volver a molestar a esa empresa dando por liquidado el canon para esa entidad que audita y el resto. Y otro por otros 20.000 con acuerdo de confidencialidad (con la amenaza de que si se desvelaba este acuerdo pondrían el pleito inicial de 95.000 euros) en concepto de gastos de auditoría y gestión (Ana María hace el típico gesto de ‘a la butxaca’). Nosotros tenemos estos contratos pero con los nombres del comerciante y asistentes tachados. Tienen miedo. Nosotros los hemos intentado convencer, porque esto es muy fuerte. Pero aseguran que quieren pasar página. Que no quieren saber nada. Me lo han pasado para que tuviese toda la información pero por nada del mundo quieren que se les mencione.

 

El haber creado APEMIT os ha servido, imagino, para enteraros de casos como el que nos acabas de contar y para daros cuenta de que vuestro caso no era el único.

Sí, nos ha servido para conseguir mucha información; para que la gente nos dijera e intercambiase con nosotros datos y cosas. Otro caso fue uno de una tienda de Valencia que le viene una demanda que superaba los 100.000 euros y resulta que, hablando con sus proveedores para conseguir documentación, nos encontramos con que uno de sus mayoristas, el año anterior, había sido auditado y estaba pagando a plazos su deuda. Entonces nos pusimos a casar el período auditado a la tienda y el período auditado al mayorista y era el mismo. Con lo cual,las mismas partidas habían sido auditadas dos veces.

 

APEMIT, actualmente, también ayuda a muchos comerciantes y empresarios que se encuentran en una situación como la que tú has vivido.

Claro. Cuando a mí me pasó yo tenía cero información. Y a mí que me venga un tío, agobiado, con una carta de esta gente preguntándome qué puede hacer. O los que me dicen que se dejaron auditar como yo y que le piden X. Claro, las tarifas digitales ya se publicaron en 2006 y la situación es un poco diferente, pero poder coger a estas personas y decirles: ‘puedes negarte a que te auditen. Que lo pidan judicialmente no es nada malo, al contrario, tú vas a poder decir qué documentación quieres que vean, qué documentación no quieres que vean. Vas a poder discutir desde el minuto uno. No les dejes entrar y que salgan por la puerta habiendo revisado todo, porque te vas a ver perdido. Si se hace una copia de un papel, copia para ti; si toman un apunte, apunte para ti también’. Y que finalmente se les audite y desde aquí les hagamos una contra auditoría diciéndoles dónde se han equivocado las entidades de gestión (además las equivocaciones siempre son para ‘casa’) y que de una reclamación de, por ejemplo, 15.000 euros, finalmente descubramos que le corresponde pagar sólo 300 euros… Eso satisface.

 

¿Una empresa puede negarse a ser auditada?

Sí, siempre y cuando no se lo imponga una orden judicial. Si te llega un orden no debes tener miedo, habrá luz y taquígrafos para todo. No les abras la puerta de tu casa, porque esta gente cuando entra parecen cerditos en un charco, disfrutan con la documentación.

 

El forzar que las entidades de gestión pidieran las cuentas judicialmente ha ayudado mucho. Que pasa, que empezaron muy alegremente a solicitar las cuentas de los comercios por toda España. O pidieron mucho judicialmente y luego la agenda no había manera de casarla, o se les olvidaba o lo que fuera, pero sí que en muchos casos llegaba el día de la vista y las entidades de gestión no se presentaban. Lo que a un principio pasaba así como desestimado, ahora lo que están remitiendo los juzgados son escritos hacia las entidades de gestión. En primer lugar el crédito y caución que tienen que ingresar para hacer esta petición de documentación se recoge y se le da a la tienda. Y en segundo, se les envia un escrito a la entidad dándoles un toque para que no insistan en esta actitud de pedir tan alegremente la documentación de las empresas, puesto que es un material sumamente sensible como para pedirlo de esta forma y luego no tener la cara de presentarse en el juzgado.

 

Vosotros fuisteis de los pocos que se envalentonaron y plantaron cara a la SGAE ¿tuvisteis que abonar algún porcentaje de ese dinero que os reclamaban?

No pagamos nada. Lo que pasa es que remitieron un escrito al juez diciéndole que había peligro de fuga o de desaparición de empresa y que querían asegurarse, de alguna forma, los 16.000 euros que finalmente querían cobrarnos; y lo que tenemos ejecutado es un embargo de unas cuentas y el resto del embargo lo han tenido que ejecutar en material, que es lo que tenemos. El material el juzgado me obligó a consignarlo, a listarlo, a catalogarlo, pero lo tengo ahí dentro desde hace 4 años. Ese material es material que no pude vender y que nunca podré vender porque está obsoleto.

 

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De hecho, antes de todo esto, vosotros contabais con dos locales y debido a este embargo tuvisteis que cerrar uno de ellos.

Cuando a nosotros nos llegó esto teníamos dos tiendas. A parte de la familia trabajaban con nosotros cuatro chicos que llevaban con nosotros desde que eran jovencillos. Al bloquearnos cuentas y consignarnos material por ese valor y demás, tuvimos que cerrar el otro local, despedir a estos chicos. Volver al inicio de la tienda familiar. No podíamos mantener ni la gente ni el segundo local ni nada.

 

Y, ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿Quién transfiere ese canon a las entidades de gestión?

El canon viene repercutido. Yo ya he comprado ese CD con canon. El canon tiene que venir aplicado desde el distribuidor, que es el mayorista. En el caso de ser un importador, este es el primero que le tiene que aplicar la tasa al producto. Y es el primero que le aplica el canon el que tiene que, trimestralmente, ingresar en las cuentas de las entidades de gestión el dinero. Pero yo por lo que me tengo que preocupar es de que en todas las facturas, en algún sitio, ponga ‘canon incluido’, porque si una entidad de gestión, hoy, viene a auditarme otra vez y yo saco mis facturas y en mis facturas mi proveedor, mi mayorista, no ha puesto en ningún sitio que el canon está incluido se presupone que no está pagado.

 

¿Entonces todos pagamos el canon, incluidos los autónomos y empresarios que, supuestamente, están exentos de su pago?

Tienen que arreglarlo. Ahora mismo, un montón de empresas podrían ir con sus facturas a las entidades de gestión y pedir la devolución de este canon que han pagado.

 

¿Qué sucederá ahora? ¿Te atreves a pronosticar, Ana María?

Ahora hay que esperar a que todo esto se remita a la Audiencia, con todos sus sellos y demás. Que la interprete y que con eso dicte sentencia en mi caso en particular. Lo que dicte irá también para un montón de tiendas que están en esta misma situación y que gracias a lo mío se ha podido parar.

 

Las entidades de gestión quieren seguir cobrando ‘saecula saeculorum’ se invente lo que se invente. De hecho, la SGAE tiene unos esquemas en los que dice que el 60% de un disco duro es para vídeo, el treinta y tantos por ciento para audio y el resto para libros. Y esto es lo que la SGAE dice que es un disco duro, y no hay más. No hay programas, no hay material personal, no ha documentos… Entonces ¿los discos duros de la administración pública de qué están llenos ,de libros, de música y de películas?

 

El gobierno ahora tiene que reaccionar y tiene que no maquillar ni parchear más la ley de propiedad intelectual, sino rediseñarlo todo. Yo consideraría justo la suspensión del canon digital hasta que esto se regule. La propia sentencia da a entender que se está procediendo a un cobro indebido. Y sí podría darse el caso de un aluvión de reclamaciones.

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