Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, que modifique el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como Ley Mordaza, a fin de garantizar el derecho a la protesta de los ciudadanos españoles. El organismo ha constatado en su último informe que existen varias medidas que «llevan siete años (desde la entrada en vigor de la norma) restringiendo y debilitando el derecho a la protesta», como el amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad otorgado a las fuerzas de seguridad, el uso abusivo de pelotas de goma o balas de foam, la frecuente interpretación de los tribunales a favor de la versión policial y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas de los cuerpos de seguridad.

«Esta combinación de leyes y prácticas que no cumplen con los estándares internacionales de libertad de reunión pacífica o de expresión ha dado lugar a sanciones arbitrarias, a la criminalización de manifestantes pacíficos y periodistas que estaban ejerciendo su trabajo, y de movimientos sociales, como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca o Extinction Rebellion, así como a un uso no proporcional de la fuerza contra manifestantes pacíficos y un preocupante efecto desmovilizador de la protesta pacífica», asegura el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Sanciones contra los estándares internacionales

En el informe, el organismo identifica varios obstáculos para el ejercicio del derecho de manifestación, señalando la reforma de la Ley Mordaza de 2015 como principal barrera, ya que se incluyeron sanciones administrativas «en clara contraposición a los estándares internacionales sobre libertad de reunión, información o expresión». Concretamente, Amnistía Internacional ha identificado cuatro artículos que han «debilitado de forma extrema» el derecho a la protesta pacífica: el 36.6 (resistencia, desobediencia y negativa a identificarse), el 37.1 (manifestaciones espontáneas), el 37.4 (faltas de respeto ) y el 36.23 (uso de imágenes de las fuerzas de seguridad).

«Conceptos como: ‘falta de respeto a la autoridad’, ‘restablecimiento de seguridad ciudadana’, ‘alteración de seguridad ciudadana’ o ‘resistencia a la autoridad’ son aplicados por las fuerzas de seguridad con un elevado margen de discrecionalidad que requeriría contar con adecuados mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas, pero no existen«, afirma Beltrán. De hecho, la organización se muestra preocupada por las 250.300 sanciones que, desde 2015, se han interpuesto en relación con estos artículos, que suponen el 78% del total de sanciones en materia de seguridad ciudadana.

El informe pone también el foco sobre la reforma del Código Penal del 2015, ya que afectó a los delitos de desórdenes públicos y de atentado contra la autoridad e introdujo penas más graves por los desórdenes cuando se producen en el contexto de manifestaciones. Para Amnistía, «la mera asistencia a una reunión o manifestación no debería suponer un agravamiento de la pena, puesto que se trata del ejercicio de derechos humanos«.

«Arbitrariedad policial»

La organización también ha alertado de los privilegios que la Ley Mordaza otorga a los cuerpos de seguridad, como el aumento del poder discrecional a la hora de valorar qué puede considerarse como desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad, y ha advertido de que esto ha causado «una mayor arbitrariedad policial» en las sanciones contra manifestantes y periodistas. Además, Amnistía se muestra preocupada por las «contradenuncias» que presentan los agentes ante las demandas de actuaciones abusivas interpuestas por manifestantes o periodistas, prácticas reconocidas por «miembros de varias fuerzas policiales», y alerta de los peligros de la «presunción de veracidad» de la que disponen los agentes, según la cual la palabra de un policía se considera como verdad «incluso cuando las pruebas les contradicen directamente». «Es evidente que la aplicación de la ‘presunción de veracidad’ contraviene la obligación de garantizar la investigación imparcial de los delitos«.

Por otra parte, el informe afirma que los cuerpos de seguridad «han interferido de forma indebida en el ejercicio del derecho a la libertad de información, amenazando a periodistas o personas que grababan imágenes durante las manifestaciones», y también constata el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales mediante la utilización de pelotas de goma y balas de foam.

«La falta de garantías y mecanismos de control y rendición de cuentas amplía las posibilidades de comportamientos arbitrarios y abusivos de miembros de las fuerzas de seguridad, cuya impunidad puede salir reforzada por la prevalencia de la posición de la administración frente a los ciudadanos en los procesos judiciales abiertos», denuncia Amnistía.

Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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