18 octubre, 2021

Adjudicaciones a dedo e irregularidades varias en los Servicios Sociales de Barcelona

El Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, formado por la Generalitat y el Ayuntamiento, hizo contratos irregulares, según revelan auditorías públicas
Imagen de Sabine van Erp en Pixabay

El Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, un ente público que se ocupa de los servicios sociales en la capital de Cataluña, adjudicó unos 20 millones de euros de manera irregular entre los años 2014 y 2019, entre otras malas prácticas financieras que revela El Periódico.

Informes de la Sindicatura de Cuentas y de la Intervención General de la Generalitat detectan varias irregularidades y carencia de transparencia desde la época en qué CiU controlaba el ente, algunas de las cuales se arrastraron años después con los gobiernos posteriores.

El consorcio gestiona la asistencia a colectivos como menores tutelados, personas con discapacidad o víctimas de violencia machista. Está formado por la Generalitat en un 60% y el Ayuntamiento de Barcelona en un 40%. Lo preside el consejero o consejera de Derechos Sociales y la vicepresidencia la ocupa la persona responsable de esta área en el consistorio.

El sindicato CGT ha anunciado que denunciará las irregularidades a la Oficina Antifraude de Cataluña. A raíz de la publicación de estos datos, la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, ha anunciado una revisión de oficio de sueldos y complementos. El PSC ha pedido la comparecencia en el Parlamento de la consejera actual, de la ex consejera Neus Munté y de los tres gerentes del ente.

Maneras de evitar concursos públicos

La Sindicatura de Cuentas detectó, en un informe del 2017, irregularidades en el ejercicio del 2014. Se adjudicaron a dicho contratos de gestión de servicios que, por el importe que tenían, se tendrían que haber resuelto en un concurso público. En lugar de esto, se hicieron sin publicidad, transparencia ni concurrencia pública.

De los 22 expedientes analizados, 20 se adjudicaron de este modo, con un importe total de 22 millones de euros. Se otorgaban a través de una vía directa prevista para casos en que el adjudicatario es el único capaz de hacer la tarea encomendada, pero sin justificar el porqué de esta exclusividad.

Otra vía para ahorrarse hacer concursos públicos fue fraccionar contratos. También se hicieron contratos de un año prorrogables a seis, incumpliendo la normativa.

Los informes de la Intervención General de la Generalitat continúan detectando contratos por razón de exclusividad en 2015, sin que se justifique el método. En 2017 continúa habiendo y en 2019 se detecta que falta parte de la información requerida sobre varios contratos.

Sobresueldos no justificados

En estos tres años analizados, el consorcio pagó alrededor de 300.000 euros en sobresueldos por encima de convenio y no justificados, hasta un total de casi un millón, según el análisis que hace la CGT de las auditorías. En mayo del 2020 se regularizaron porque los sueldos se empezaron a regir por el convenio único de la Generalitat.

Los informes también revelan que Josep Pera, gerente del consorcio entre 2012 y 2017, firmaba contratos y adjudicaciones por importes superiores a los que legalmente podía hacer. Los tendría que haber firmado la presidencia del consorcio, que hasta el 2016 fue Neus Munté, como consejera de Bienestar Social y Familia.

El sindicato CGT denuncia que algunas de las fundaciones y empresas adjudicatarias de contratos irregulares tienen «vínculos con los partidos de gobierno y/o empresarios que buscan el lucro económico». Lo ven como un «caso grave de puertas giratorias» y consideran que la selección de personal no se hace de manera objetiva.

Puede que te hayas perdido