El Departamento de Derechos Sociales ha formalizado un acuerdo con patronal y sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del tercer sector. El pacto, formalizado este jueves, fija para 2023 un aumento del 4% de las tarifas de los servicios y añade un pago extraordinario equivalente al 2% para hacer frente al incremento de costes energéticos -es decir, un incremento total del 6%-. El acuerdo, que las partes han calificado de histórico, incluye también un incremento del 5% de media en las tarifas de los proveedores de estos servicios a partir de 2024.
Las tarifas de los servicios que se verán incrementados se refieren a ámbitos de la gente mayor, la discapacidad, la salud mental, la infancia y la adolescencia, la acogida y la adopción, la atención precoz, el apoyo a la autonomía, las drogodependencias, el VIH y las tutelas. Sin embargo, el departamento calcula que los incrementos de las tarifas mejorarán las condiciones laborales de unos 80.000 trabajadores.
El pacto lo han firmado el Departamento de Derechos Sociales, los sindicatos UGT y CCOO, y ocho patronales, entre ellos La Confederación y el ACRA. El consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, admitió que fue un acuerdo «laborioso», pero hizo valer que todos los agentes «han entendido la trascendencia, importancia y oportunidad».
El acuerdo contempla aumentar las tarifas que el gobierno paga a las entidades proveedoras de estos servicios para que trasladen este incremento a los sueldos precarios de sus trabajadores y también para que mejoren la calidad de las prestaciones que dan. También se ha abierto la puerta a revisar, después de 15 años, la cartera de servicios, ya equiparando progresivamente los salarios del sector público y del concertado. Un objetivo difícilmente alcanzable a corto plazo, ya que las diferencias alcanzan, en algunos casos, el 30%.
En concreto, el acuerdo prevé un incremento medio del 15% de las prestaciones que reciben las personas dependientes y se marca como gran objetivo que los sueldos de los empleados de los servicios concertados se revisen anualmente, como ya ocurre con la educación y la sanidad.
El aumento del 4% previsto para este año tiene un carácter retroactivo. Los sindicatos han dejado claro que velarán por el cumplimiento de este compromiso pese a la variedad de convenios colectivos que existen dentro del sector.
