La Audiencia de Barcelona ha absuelto al vecino del barrio de Sants juzgado hace unas semanas por supuestamente impedir el paso de vehículos policiales durante los altercados por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel en febrero de 2021. El hombre estuvo en prisión preventiva durante cinco días y la fiscalía le pedía tres años y medio de prisión por desórdenes públicos por mover tres veces unas vallas de plástico en medio de la Ronda Universidad para dificultar que pasaran furgonetas antiaéreos. No obstante, los magistrados no ven demostrados los hechos, que sólo cuentan con la versión policial, y tampoco creen que, si se hubieran producido, fueran delictivos.
Según consideran probado los magistrados, el acusado estuvo en el lugar de los hechos y apartó una vez las vallas de plástico para subir con los patines a la acera, bloqueando el paso de los vehículos policiales. No obstante, no ven probado que lo hiciera concertado con otros desvanecidos que aprovechaban la situación para tirar objetos a las furgonetas policiales. Tampoco ven probado que hiciera esta maniobra hasta tres veces como sostenía la acusación pública.
La sentencia, dictada sólo 8 días después del juicio, especifica primeramente que, de los hechos atribuidos, de mover una valla en un contexto de manifestación para impedir el paso de furgones policiales, no puede deducirse la aplicación del tipo de desórdenes públicos. Es decir, afirma que no encaja en el delito por lo que venía siendo perseguido y pone en cuestión que pueda ser ni siquiera recriminado penalmente. De hecho, tampoco considera demostrada la versión de los Mossos y la fiscalía. Las versiones de los policías no son suficientes para desmontar las de un periodista que estaba presente y lo vio todo o las del propio encausado.
«Ninguno de los actos del acusado que han quedado acreditados (coger una valla y desplazarla) son por sí mismos constitutivos de una conducta mediante la cual se altere la paz pública a través de actos violento o amenazas», dicen los magistrados.
Desde la plataforma de apoyo al vecino de Sants, acusan a algunos jueces «de enviar a la cárcel a manifestantes para imponer el terror en la calle y frenar protestas legítimas. El abuso de la prisión provisional es un escándalo cuando no hay justificaciones jurídicas suficientes, pero ya es un auténtico atentado a los mínimos democráticos de un país cuando se hace por motivaciones políticas». Por ello, piden explicaciones, autocrítica y disculpas por parte del poder judicial, la fiscalía y los Mossos.
